Derecho de familia · Pensión alimenticia
La pensión alimenticia no es una cifra fija: puede aumentarse o reducirse cuando cambian las circunstancias. Esta guía explica cuándo se puede pedir el aumento, qué hay que demostrar y cómo se tramita, según la Ley 42 de 2012 (Ley General de Pensión Alimenticia), reformada por la Ley 45 de 2016.
Lo esencial. Los alimentos se aumentan o reducen proporcionalmente según cambien las necesidades de quien los recibe y los medios de quien los paga (art. 21). Hay que acreditar un cambio sustancial (arts. 22, 23 y 68), y la solicitud se presenta ante la autoridad que fijó la pensión, por escrito y sin formalidad (arts. 46 y 70).
| Cambio sustancial | Base legal |
|---|---|
| Pérdida del empleo del obligado | Arts. 23 num. 1 y 68 num. 1 |
| Enfermedad inhabilitante o grave del obligado | Arts. 23 num. 2 y 68 num. 2 y 3 |
| Aumento de los ingresos del obligado | Art. 68 num. 4 |
| Aumento significativo de las necesidades del beneficiario | Arts. 23 num. 4 y 68 num. 5 |
| Aumento o disminución de las posibilidades de las partes | Art. 23 num. 3 |
Cuando no consigna la cuota en la fecha y condiciones fijadas, el juez puede ordenar, entre otras, el apremio corporal hasta por treinta días, la suspensión del paz y salvo municipal o de la licencia de conducir, y la publicación en la lista de morosos (art. 31). Puede además sancionar el desacato con hasta treinta días de arresto (art. 73) y ordenar un secuestro especial de bienes sin necesidad de abogado y sin caución (art. 32).
Sí. Los alimentos se reducen o aumentan proporcionalmente según el aumento o disminución que sufran las necesidades de quien los recibe y el caudal o medios de quien debe satisfacerlos (art. 21 de la Ley 42 de 2012).
Cuando se acredita un cambio sustancial en la situación económica de las partes o en las necesidades del alimentista. La ley menciona, entre otros: el aumento de los ingresos del obligado, el aumento significativo de las necesidades de quien tiene derecho a los alimentos, la pérdida del empleo o enfermedad del obligado y el aumento o disminución de las posibilidades de cualquiera de las partes (arts. 23 y 68).
El art. 22, según la Ley 45 de 2016, dispone que una vez fijada la cuantía definitiva, cualquiera de las partes puede solicitar su revisión en el término de un año, aportando pruebas que demuestren un cambio sustancial, salvo los casos de pérdida del empleo y enfermedad inhabilitante del obligado, en que procede de inmediato. Es una norma reformada, así que conviene revisar cómo se aplica a su caso.
La variación de la cuota surte efectos a partir de la resolución respectiva (art. 22).
Las peticiones de aumento y rebaja se tramitan ante la autoridad competente que fijó la pensión y en la forma establecida en la ley para solicitar alimentos (art. 70).
La solicitud de alimentos puede presentarse por quien tiene derecho a recibirlos, por quien tiene bajo su cuidado al alimentista, por su representante legal o apoderado, por escrito y sin formalidad alguna, o personalmente en forma oral (art. 46). Un abogado ayuda a documentar el cambio de circunstancias.
El nombre, apellido, cédula y dirección del demandante y del demandado o la declaración jurada de desconocimiento del paradero; el nombre de los beneficiarios; el monto que se pretende; el monto de las necesidades de los beneficiarios y el de las posibilidades económicas del obligado (art. 46).
Si no comparece ninguna de las partes estando debidamente notificadas, la solicitud de aumento o rebaja será desestimada, aunque la parte interesada puede presentarla de nuevo en cualquier momento (art. 69, según la Ley 45 de 2016).
El juez puede ordenar a solicitud de parte medidas como apremio corporal hasta por treinta días, trabajo social comunitario, suspensión del paz y salvo municipal, inhabilitación para contratar con el Estado, suspensión provisional de la licencia de conducir y publicación en la lista de morosos (art. 31). También puede sancionar el desacato con hasta treinta días de arresto (art. 73) y ordenar un secuestro especial de bienes (art. 32).
Todo lo indispensable para satisfacer las necesidades de sustancias nutritivas, atención médica y medicamentos, vestuario, habitación y servicios básicos, educación, movilización y, si se trata de menores, todo lo necesario para su desarrollo integral desde la concepción (art. 5).
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Información general basada en la Ley 42 de 2012, reformada por la Ley 45 de 2016 y la Ley 467 de 2025, a octubre de 2026. El Título de Alimentos del Código de la Familia (arts. 377 a 388) fue derogado por esa ley. No sustituye la revisión de su caso.