Derecho de familia · Pensión alimenticia
Si el obligado no paga la pensión alimenticia, la ley panameña ofrece medidas fuertes de ejecución. Esta guía las resume con el artículo de cada una, según la Ley 42 de 2012 (Ley General de Pensión Alimenticia), reformada por la Ley 45 de 2016.
Lo esencial. Ante el incumplimiento puede pedir apremio corporal hasta por 30 días, suspensión de la licencia de conducir, lista de morosos y otras medidas (art. 31); el secuestro especial de bienes sin abogado y sin caución (art. 32); y la sanción por desacato de hasta 30 días de arresto (art. 73). La pensión se descuenta de la liquidación laboral (art. 20).
| Medida | En qué consiste | Art. |
|---|---|---|
| Apremio corporal | Hasta treinta días; allanamiento en caso muy calificado de ocultación | 31, num. 1 |
| Medidas administrativas | Trabajo social comunitario, suspensión del paz y salvo municipal, inhabilitación para contratar con el Estado, suspensión de la licencia de conducir, lista de morosos | 31 |
| Secuestro especial | Sobre bienes del moroso, sin abogado y sin caución; luego embargo y venta judicial | 32 |
| Plazo vencido y publicación | Si renuncia o abandona el trabajo para eludir el pago | 33 |
| Desacato | Arresto de hasta treinta días mientras dure la renuencia | 73 |
| Descuento de la liquidación | Del 25 % al 40 % según el monto de la liquidación | 20 |
| Deber de informar del empleador | Cinco días hábiles; sanción de hasta diez días de arresto | 51 |
¿No le pagan la pensión? Cuéntenos desde cuándo y qué resolución tiene, y le indicamos las medidas a solicitar.
Consultar por WhatsAppPuede pedir a la autoridad medidas por incumplimiento: apremio corporal hasta por treinta días, trabajo social comunitario, suspensión del paz y salvo municipal, inhabilitación para contratar con el Estado o el municipio, suspensión provisional de la licencia de conducir y publicación en la lista de morosos (art. 31, reformado por la Ley 45 de 2016).
El demandado está en desacato cuando no paga la cuota en la forma y condiciones establecidas, y la autoridad puede sancionarlo de inmediato con hasta treinta días de arresto; corresponde al obligado probar con recibos que no está en mora (art. 73).
Sí. El apremio corporal es hasta por treinta días (art. 31, num. 1) y la sanción por desacato es de hasta treinta días de arresto (art. 73); en caso muy calificado de ocultación, puede ordenarse el allanamiento.
El juez de ejecución puede ordenar, a solicitud de la persona interesada, el secuestro especial de bienes del que incumple. Se formaliza sin necesidad de abogado y sin caución, con declaración jurada de que no recibe la cuota en la forma ordenada. Se requiere el pago en treinta días y, vencido el término, el secuestro se eleva a embargo y se ordena la venta judicial con términos reducidos a la mitad (art. 32, reformado).
La autoridad declara de plazo vencido la obligación y ordena de oficio el secuestro especial de sus bienes, y ordena publicar la decisión en un medio escrito de circulación nacional por tres días consecutivos (art. 33). Se presume la mala fe cuando renuncia o abandona su trabajo eludiendo su obligación (art. 73).
Sí. Si hay despido o cese acordado, el empleador debe descontar de la liquidación el 25 % en montos hasta B/.1,000, el 30 % de B/.1,001 a B/.3,000, el 35 % de B/.3,001 a B/.5,000 y el 40 % de B/.5,001 en adelante, y debe informar a la autoridad el monto de la liquidación (art. 20, reformado por la Ley 45 de 2016).
Sí, dentro de los cinco días hábiles siguientes al acuse de la nota; si no, puede ser sancionado con hasta diez días de arresto mientras dure la renuencia, y la misma sanción por datos falsos (art. 51).
La autoridad compulsa copias al Ministerio Público por incumplimiento de deberes familiares o maltrato patrimonial para que se inicie de oficio la investigación (art. 31).
No pueden ser compensadas por el obligado cuando se trate de niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad, cónyuge inocente declarado judicialmente o ancianos (art. 19), y la pensión tiene preferencia sobre cualquier otra deuda (art. 20).
Los juzgados de ejecución de pensiones alimenticias, creados por la Ley 42 de 2012 (arts. 80 a 83); donde no existen, la ley prevé reglas transitorias (arts. 89 y 90). Verifique cuál juzgado es competente en su circuito.
Sí. Cuando la base de datos de la Policía Nacional registre una orden de arresto por proceso de alimentos, la persona será retenida y presentada ante la autoridad, y puede constituir un fiador que garantice su comparecencia (art. 35).
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Información general basada en la Ley 42 de 2012, con las reformas de las Leyes 45 de 2016 y 467 de 2025 (art. 37 vigente: conocen a prevención, en primera instancia, los jueces municipales de familia y los de niñez y adolescencia), a octubre de 2026. Los números de artículos pueden variar según la reforma aplicable. No sustituye la revisión de su caso.